En condición de exministro de Defensa, y primer ministro, Alberto Otárola aseguró a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura que la responsabilidad de la ejecución de las operaciones para restablecer el orden durante las protestas antigubernamentales corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
Durante los interrogatorios del 23 de enero y 16 de febrero, los fiscales Núñez y Camacho fueron particularmente insistentes en saber si existió una orden expresa para el uso de armas de fuego reglamentarias durante la represión a las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, particularmente en Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca y Arequipa.
Alberto Otárola, en todo momento, negó que Boluarte o algún miembro del gabinete o él mismo hubiera dado el mandato de disparar.
Reiteradas veces señaló que la ejecución de las operaciones contra las protestas, que produjo 48 civiles fallecidos, en su mayoría por impactos de proyectiles de fusiles Galil y AKM que utilizan los efectivos del Ejército y de la Policía, fue tarea del Ejército y la Policía.
Otárola precisó que Boluarte indicó expresamente que se respetara la vida de las personas, pero que no consta en actas ni en ningún documento, que la comunicación fue oral, y que había un mensaje por WhatsApp que confirmaba su relato.
“En el Consejo de Ministros y en las diversas reuniones bilaterales que tuvo con diversos ministros, es decir, fue de manera verbal”, respondió en el primer interrogatorio del 23 de enero, según la transcripción fiscal que obtuvo La República gracias al reportero Alonso Ramos, del programa “Al estilo Juliana”, que dirige la periodista Juliana Oxenford.
Y añadió: “Debo precisar que la presidenta Boluarte me reitera dicha indicación a través de un mensaje de WhatsApp, en la que señaló: ‘Se reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecidos y que la prioridad es la vida de los ciudadanos’. Dicho mensaje a su vez (lo) reenvié al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas (general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar)”, narró Otárola.
Lo que el primer ministro no explicó fue por qué después de la disposición expresa de la mandataria Boluarte de que se le diera prioridad a la vida de los ciudadanos, se continuó registrando la muerte de civiles con disparos en la cabeza y el tórax, y en varios casos también por la espalda, en ámbitos geográficos que estaban bajo control del Ejército y la Policía. Tampoco se lo preguntaron los fiscales Edwin Núñez y Jesús Camacho.