En atención al tiempo transcurrido y en consideración al grave impacto ambiental y social producido por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla (distrito de Ventanilla, provincia Callao), en enero del año pasado, en reunión interinstitucional convocada para abordar la situación actual y retos existentes para su adecuada atención, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que persiste la vulneración de derechos humanos y urgen acciones concretas y articuladas de parte de cada una de las instituciones competentes; así como información clara y oportuna para las personas afectadas.
Respecto a los recursos hidrobiológicos y actividad pesquera, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de la Producción difundir información clara y oportuna a la población respecto a si se puede efectuar la actividad de pesca artesanal en la zona, teniendo en cuenta que el sector ha señalado que no existen estudios concluyentes respecto a los impactos del derrame en el ecosistema marino y que no existen condiciones para el normal desarrollo de la actividad pesquera.
Asimismo, se encuentra pendiente la presentación del plan de rehabilitación por parte de la Empresa Refinería La Pampilla, cuyo plazo vence en octubre del 2023. Entretanto, la empresa debe continuar las acciones de limpieza en la zona, y el Estado debe continuar con las acciones de evaluación y supervisión, dijo la adjunta para el Medio Ambiente, Lissette Vásquez, durante la citada reunión.
En materia de remediación ambiental, la institución recordó que, si bien se han logrado avances para la atención de los impactos del derrame, como la aprobación del Plan Posdeclaratoria de Emergencia Ambiental en la Zona Marino Costera, espacio que articula a todas las entidades con competencias en la materia, el cual se encuentra en proceso de implementación, resulta necesario mayor difusión de las acciones que se vienen realizando a la población afectada.
En lo que respecta a la identificación de afectados, y ante la falta de implementación de las recomendaciones defensoriales, se viene insistiendo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Instituto de Defensa Civil atender con carácter urgente, a través de un debido procedimiento y con un enfoque de derechos, las solicitudes de incorporación en el padrón de afectados y reclasificación de actividades productivas.
A la cita asistieron representantes de la PCM, de los ministerios del Ambiente y de la Producción, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, del Instituto Nacional de Defensa Civil, a fin de reportar las acciones realizadas y por realizar en materia de remediación ambiental, recursos hidrobiológicos y actividad pesquera, y de identificación y compensación de afectados. También se contó con la participación de las/los representantes de la Municipalidad Provincial de Huaral y de las municipalidades distritales de Chancay, Ancón, Aucallama, Ventanilla y Santa Rosa.
En otro momento de la reunión, la Defensoría del Pueblo señaló que ha venido participando en procesos de negociación entre la empresa y las asociaciones de afectados, en el marco de los cuales, ha advertido dificultades que demandan cambios normativos en el marco del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, a fin de garantizar compensaciones justas y oportunas en el marco de emergencias por hidrocarburos.
La institución continuará haciendo seguimiento a las recomendaciones formuladas, a fin de proteger los derechos de la población afectada.